Realidad política y social del fracking en España

Artículo publicado en Vía52

El fracking, aunque desconocido por muchos, es una realidad en España. Desde 2008 han aumentado en más de un 67 por ciento las solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos. Miembros de plataformas ciudadanas e integrantes de partidos políticos explican la situación social, legislativa y política de la fractura hidráulica en nuestro país. Analizamos el mapa político y social que dibujan decisiones políticas dispares, en función del territorio y no de las siglas, y una lista de municipios libres de fracking que se incrementa con rapidez. Datos y opiniones claves para entender la realidad de esta técnica en España.

En Estados Unidos, el fracking apareció en los años 80. Desde entonces, allí se han perforado más de 50.000 pozos. España se está lejos de esa realidad, pero es cierto que desde el año 2008 han aumentado en más de un 67 por ciento las solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos. Las zonas con mayor potencial para extraer el gas son la Cuenca Vasco-Cantábrica, el Macizo Cantábrico, la Cuenca Supirenaica y la Cordillera Ibérica.

Es complicado conocer con certeza cuántos permisos hay en marcha o cuántas reservas habría exactamente. La falta de información al respecto hace que no sea fácil saber si los permisos se piden para gas no convencional, que es el que se extrae mediante el fracking. En el informe de Ecologistas en Acción ‘El fracking en el Estado español. Situación, amenazas y resistencia’ se recopila información sobre los permisos de investigación solicitados. La ONG reconoce que es imposible saber si todos están destinados al fracking, pero afirma que se puede deducir que un gran número de ellos emplearán la fractura hidráulica “bien por haber sido solicitados en los últimos tres o cuatro años, coincidiendo con el ‘boom’ de permisos para gas y petróleo no convencional en Europa, bien por provenir de empresas conocidas por dedicarse al fracking”. Lo que sí se ha confirmado es que la plataforma Shale Gas, formada por cinco empresas del sector, entre ellas, la estadounidense Energy Group, ha obtenido permisos de exploración que están pendientes de conseguir la declaración de impacto ambiental.Ecologistas en Acción resalta que la gravedad de estas solicitudes es que un 80 por ciento de los permisos pedidos se encuentra sobre acuíferos.

Una gravedad que no es vista como tal por el Gobierno de España

En 2011, el entonces lehendakari vasco, Patxi López (PSE) respaldó el proyecto Gran Enara, a través de la sociedad pública Hidrocarburos de Euskadi. López afirmaba que se había encontrado una reserva de gas pizarra equivalente a cinco veces el consumo anual de toda España. Tras las elecciones, el PNV paró el proyecto. Por otra parte, diversos ayuntamientos de Cantabria y Castilla y León se dirigieron en enero al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, mostrándole su preocupación por las consecuencias del fracking, tanto en el medio ambiente como en la salud de las personas. La respuesta del ministro fue clara: se respalda la técnica “siempre que se cumplan las medidas de protección del medio ambiente y las personas”.

El 14 de febrero, en el Congreso de los Diputados, se votó una moción presentada por Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) para pedir la prohibición del fracking en España. En contra votaron PP, CiU y UPyD; a favor, Izquierda Plural, PSOE y el resto del Grupo Mixto;  PNV, FAC y UPN se abstuvieron. Fue el 1 de marzo cuando el Consejo de Ministros aprobó un Anteproyecto de Ley sobre Evaluación Ambiental, en el que se dejaba abierta la posibilidad del uso de la fractura hidráulica al incluir un apartado sobre los hidrocarburos no convencionales. Se estableció que los proyectos que usen esta técnica deben superar un expediente de evaluación de impacto ambiental. 15 días después, el anteproyecto era Proyecto de Ley y continúa su tramitación en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, donde se debatirán y votarán las enmiendas a los artículos. La decisión del Gobierno es que la técnica del fracking se incluya en el ámbito objetivo de la Ley del Sector de Hidrocarburos, del 7 de octubre de 1998. La exigencia de Evaluación de Impacto Ambiental supone que las autorizaciones para los permisos de investigación y explotación pasen a manos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Plantando cara al fracking en las ágoras políticas

Una postura que no comparten en todo el territorio español. Y es que los gobiernos autonómicos han adoptado diferentes decisiones con independencia de su color político. Las Cortes de Aragón, por unanimidad, aprobaron una declaración en contra, el Parlamento asturiano ha solicitado la prohibición de fracking, La Rioja ha aprobado el proyecto de ley que prohíbe el uso de la fractura hidráulica para la extracción del gas convencional.

Floren Enríquez, de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria resalta a Vía52 la importancia de este logro legislativo: “Es la primera ley de este tipo que se aprueba en España y lo vemos como una respuesta positiva del Parlamento de Cantabria ante la oposición activa y razonada de miles de habitantes de la región, así como de 49 ayuntamientos y decenas de juntas vecinales.” Pero la Asamblea no echa las campanas al vuelo: “Tenemos dudas de que esta ley pueda cerrar el paso definitivo al fracking, pues el Gobierno central está empeñado en favorecer y autorizar el fracking, modificando la legislación de hidrocarburos y de impacto ambiental, considerando a esta técnica extractiva como ley básica, competencia del Estado”. Tanto los Ministerios de Industria y Medio Ambiente, como la propia empresa Repsol, siguen adelante con el permiso de investigación Luena y en concreto con el proyecto de perforación del primer pozo que recientemente ha salido a información pública. Este proyecto es inviable por los impactos negativos que provoca. Está proyectado sobre el acuífero Puerto del Escudo que surte de agua a más del 60 por ciento de su población; además de la población pasiega, aprovechan este acuífero los principales municipios costeros del Arco de la Bahía como Santander, Piélagos, Camargo o Bezana.Pero sin duda, el caso más relevante se da en Cantabria, donde hay cinco permisos de investigación autorizados: cuatro por el Ministerio de Industria y uno por la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria (Luena, Bezana-Bigüenzo, Usapal, Angosto y Arquetu); y dos más solicitados: los Basucos y Galileo. A pesar de estos permisos, Cantabria ha sido la primera Comunidad Autónoma en rechazar elfracking. Su Parlamento ha tramitado una ley que prohibirá esta técnica. El presidente, Ignacio Diego (PP), manifiesta que ha frenado el fracking porque prima lo personal antes que lo político: “Somos cántabros antes que miembros del Partido Popular”.

Si bien la Comunidad Autónoma de Cantabria es la primera que oficialmente ha rechazo el fracking en toda su región, son numerosos los  municipios libres de fracking. Llama la atención la inclusión de Valencia en la lista, dado que en otra provincia de la misma Comunidad, Castellón, no solo no se ha prohibido el fracking sino que ni se ha discutido la proposición de ley presentada por el PSOE. Para el Consell, no se debe prohibir a priori sino esperar a tener un estudio ambiental al respecto.

En relación a los proyectos presentados en Castellón y pendientes de autorización -el pronunciamiento lo debe hacer la Generalitat Valenciana en agosto de este año-, el 28 de septiembre de 2012 y el día 18 de octubre del mismo año aparecieron publicadas informaciones de solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos denominados Aristóteles, Arquímedes y Pitágoras, por parte de la empresa Montero Energy Corporation. Dichas solicitudes abarcarían a un terreno total de 195.569,5 hectáreas.

El portavoz de Compromís en la Diputación de Castellón, Enric Nomdedeu, explica a Vía52 que el PSOE presentó una propuesta que pedía que la Diputación se posicionara en contra del fracking: “Nosotros la hubiéramos respaldado, pero el PP presentó una enmienda a la totalidad. Como por una cuestión reglamentaria se vota primero la enmienda, el resultado hubiera sido que la Diputación se hubiera posicionado a favor. Se da la circunstancia de que algunos pueblos gobernados por el PP estaban votando en contra, y entendí que si la Diputación -presidida por el presidente provincial del PP- estaba a favor, se acabaría el goteo de pueblos ‘populares’ posicionándose en contra. Por eso propuse que no se votara nada y que se crease una mesa técnica que analizara el impacto territorial, social y económico del fracking. El PP lo aceptó pero el PSOE no. La mesa no tiene la composición que quisiéramos, pero va trabajando y siete técnicos estudian la petición de la empresa para extraer petróleo y gas. Y las noticias que yo tengo es que serán críticos con las prospecciones”.

…y en la calle

Por su parte, la Plataforma Antifracking Comarques de Castelló está trabajando para evitar que 41 municipios se vean afectados por la fractura hidráulica. El portavoz de esta organización, Sergi Alejos, explica a Vía52 que la plataforma nació a raíz de la publicación aparecida sobre los permisos mencionados anteriormente: “Esta publicación, no pasó inadvertida a todo el mundo, e hizo que una serie de personas y colectivos, la mayoría sin relación anterior, decidiéramos reunirnos con el fin de organizar un movimiento, una plataforma, con la intención de evitar que se lleven a cabo dichas investigaciones de hidrocarburos no convencionales, por ser altamente peligrosas para nuestro acuífero, destructivas para nuestros territorios y nuestro modelo socioeconómico consolidado”.

Entonces, fueron 14 los que se implicaron. Actualmente, más de 300 personas se han dado de alta en la lista de distribución y se cuentan por miles las visitas semanales en el Facebook que han habilitado. Además de particulares, la plataforma está integrada por asociaciones de vecinos, excursionistas, asociaciones de agricultores y ganaderos, representantes del sector turístico, movimientos ecologistas… Una plataforma apolítica en la que solo importa el nexo de unión: hacer frente al fracking. “Al margen de aquellos colectivos adheridos y que forman parte de una manera activa de la plataforma, también contamos con la ayuda de técnicos y asociaciones que aun no estando directamente adheridas, sí que trabajan en la misma línea, produciéndose en ocasiones una estrecha colaboración”, añade Sergi Alejos.

Sobre la la diferencia de criterios entre el gobierno popular valenciano y el castellonense, este activista cree que se debe a que “la capacidad de los políticos de una y otra ciudad, a la hora de hacer frente a asuntos de esta envergadura, no es la misma. Pudiera ser que al Gobierno de Castelló se le quedan grandes algunos asuntos que sí son de su competencia, pues Castelló capital se abastece del acuífero del Maestrat, el cual está en potencial peligro de contaminación si se lleva a cabo aunque solo sea una operación de fracking”.

Desde APNAL-Ecologistes en Acció de Vinaròs, también en la plataforma, relatan a Vía52 que fruto del esfuerzo por implicar en la lucha a los sectores políticos ya se han declarado, en Castellón, libres de fractura hidráulica más de veinte municipios directamente afectados y siete de otras comarcas. La plataforma y los representantes municipales de Vilafranca, Ares y Les Coves de Vinromà están detrás del llamado Acuerdo de las Comarcas de Castelón, un documento de oposición al fracking, y de defensa de la calidad del agua y la salud humana y un compromiso de trabajar por una legislación específica que prohíba este procedimiento de extracción de hidrocarburos por fractura hidráulica, y por un cambio de modelo energético. Determinación que cada vez es más respaldada en las manifestaciones que convocan.

Como la Plataforma Antifracking Comarques de Castelló hay varias más en España. Cantabria, Euskadi y Castilla y León son sin duda los principales focos de protesta. Estos son solo algunos ejemplos. Y es que al mismo ritmo que avanza la amenaza del fracking en España lo hace también la protesta social. Cada vez, más gente está mostrando su rechazo. “Es imprescindible crear masa crítica y conciencia social. Hay que implicar al mayor espectro de la sociedad, como son centros educativos, asociaciones de diversa índole y tejido empresarial, pues los efectos devastadores, por el alto potencial de contaminación y por la inevitable pérdida de sectores productivos, afectan por igual a todas las personas que habitan el territorio”, declara Sergi Alejos.

Puede haber dudas sobre cuáles serán los siguientes pasos legislativos y políticos en relación al fracking. Pero los pasos populares parecen claros: seguir movilizándose contra esta técnica, continuar saliendo a la calle en defensa del medio ambiente y de la salud. Bajo un mismo lema: “Fracking no. El dinero no se bebe”.